Publicado el 25 de agosto de 2015 | El Nuevo Día
Por Cristina del Mar Quiles

La medida busca reducir el temor a sanciones legales para personas que pidan auxilio

Un grupo de salubristas apoyó hoy un proyecto de ley para establecer protecciones a quienes procuren auxilio por sufrir una sobredosis o reclamen ayuda para otra persona en esa situación, al describirlo como una medida necesaria para evitar muertes producto del consumo excesivo de sustancias tóxicas.

La pieza legislativa busca mitigar el temor a sanciones legales para testigos, personal médico o usuarios de drogas, pues establece que no serán arrestadas, acusadas, enjuiciadas o declaradas convictas por algunos de los delitos relacionados por posesión y uso de sustancias controladas, de hallarse evidencia para ese encausamiento en el proceso de pedir auxilio para sí u otras personas en una situación de urgencia por sobredosis.

El Proyecto del Senado 1445 crearía la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opiatos en Puerto Rico” y se trata de una medida de la autoría del presidente de ese cuerpo, Eduardo Bhatia, y del legislador Miguel Pereira.

En vista pública de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado se planteó que el proyecto facilitaría el uso del medicamento naloxona, recomendado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud como efectivo para revertir los efectos de una sobredosis, sin riesgo de efectos secundarios nocivos.

“Las probabilidades de supervivencia en un evento de sobredosis dependen de la rapidez de la intervención. Muchas veces, lo que interfiere con esta rapidez es el miedo a verse implicado en una situación legal o por la presencia de la Policía en el lugar donde se requiere la ayuda. Este proyecto anticipa y resuelve estos asuntos dejando el camino expedito para que la ayuda se dé sin dilación alguna y sin implicaciones legales en contra del buen samaritano”, dijo en la audiencia el salubrista José Vargas Vidot, director de la organización Iniciativa Comunitaria.

La medida también ordenaría al titular de Salud establecer un “Programa para la prevención de Sobredosis de Opiatos”, que entre sus objetivos tendría el facilitar y agilizar el acceso de organizaciones autorizadas el acceso a la naloxona para que la puedan distribuir entre sus participantes.

“Esta ley permitiría que el medicamento esté disponible en la comunidad, con los usuarios, que son los que están viviendo la experiencia, permite que las organizaciones de base comunitaria puedan repartirlo. O sea, que no lo limita a la Policía o a las ambulancias, que normalmente llegan demasiado tarde. Las personas que más efectivas pueden ser, son las que están con los usuarios”, señaló, por su parte, la investigadora social Débora Upegui-Hernández, quien trabaja con la organización Intercambios Puerto Rico.

Rafael Torruella, director de Intercambios Puerto Rico, señaló en la vista que la medida debe procurar un plan de educación sobre el tema. “No es suficiente actuar sobre la sobredosis, es importante educar para prevenir que suceda”, puntualizó.

Mientras, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carmen Graulau Serrano, resaltó que la experiencia a nivel mundial con la naloxona como herramienta efectiva en la prevención de muertes por sobredosis, la ausencia de factores adictivos relacionados a su uso, así como las diversas opciones para administrarla, la convierten en una alternativa real para combatir las muertes debido a las sobredosis de drogas ilícitas y lícitas.

Graulau Serrano, sin embargo, consideró que debería ser ASSMCA la que desarrolle el programa para el uso y accesibilidad del medicamento.

El Departamento de Salud no compareció a la vista, pero su secretaria Ana Ríus Armendáriz, envió una ponencia en la que respalda la medida, aunque expresa preocupación porque se les permita a personas no licenciadas en el campo de la salud administrar un medicamento para el cual no tienen un adiestramiento médico. Sugirió que, en primera instancia, se adiestre a los técnicos de emergencias y rescatadores, para que sean éstos quienes administren la naloxona.

El senador Pereira anticipó que el informe de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos sobre el proyecto estaría listo para presentarse al pleno del Senado la próxima semana.