Debaten en la academia ajustes en penas por posesión de marihuana.

Publicado en Primera Hora (10 de octubre de 2014)
Por Sara Del Valle Hernández

Las ventajas y desventajas de la adopción de políticas menos prohibicionistas sobre el uso de la marihuana fue el eje este viernes de un debate en un foro que se llevó a cabo en la Universidad del Turabo.

El panel, que giró alrededor del Proyecto del Senado 517 para actualizar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, a los fines de enmendar las disposiciones en torno a la posesión de marihuana, contó con la participación del autor de la medida, el senador Miguel Pereira.

También participaron el representante Luis Vega Ramos; el director ejecutivo de Hogares Crea, Héctor Figueroa; la profesora de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Carmen Albizu; el salubrista y director de Iniciativa Comunitaria, el doctor José Vargas Vidot; el sacerdote católico Carlos Pérez; y el criminólogo Gary Gutiérrez.

Este foro, convocado por Asociación de Criminología y las escuelas de Ciencias Sociales y Comunicaciones, así como de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Turabo, formó parte del encuentro titulado Los aspectos científicos y sociales del uso de la marihuana: el debate sobre la despenalización.

Las opiniones se dividieron entre los que favorecen la despenalización y los que están en contra. En el primer grupo se ubicaron los legisladores Pereira y Vega, los doctores Albizu y Vargas Vidot y criminólogo Gutiérrez. Mientras, Figueroa y el padre Pérez argumentaron en contra de la medida legislativa.

Pereira indicó que lo que busca con su proyecto, que actualmente se encuentra bajo estudio en la Cámara de Representantes, tras ser aprobado en el Senado, es reducir los costos del Estado relacionados al procesamiento de individuos por el consumo de marihuana y redirigirlos hacia los tratamientos contra la adicción y la actividad criminal.

El exsecretario del Departamento de Corrección declaró que la guerra contra las drogas provoca violencia dado que al ser un negocio ilegal, se mantiene vigente por medios ilegales. “La distribución de narcóticos es un ‘bloodsport’. La guerra contra las drogas instiga y alimenta la violencia, y tiene que ser así porque la violencia acompaña el trasiego de drogas”, manifestó.

El también exfiscal federal recordó que Puerto Rico ha gastado de su presupuesto unos $5,000 millones para la guerra contra las drogas durante los últimos 10 años. “Yo era el guerrero principal contra las drogas… Esta es una estrategia que no sirve porque es contraria a la ciencia”, razonó.

Por su parte, Vega Ramos aclaró que el proyecto sometido a la legislatura considera ilegal la posesión de cualquier cantidad de marihuana. Sin embargo, pretende “la descarcelación” de quienes tengan cantidades para su uso personal.

Otra preocupación que busca atender este proyecto, según explicó Vega Ramos, es evitar daños que producen las convicciones por la posesión de “uno o dos cigarrillos” de marihuana. Entre estos mencionó el estigma social y la exposición a otras drogas.

Mientras, Figueroa mostró preocupación en torno al daño que podría hacerle a los menores la aprobación de la medida ante los cuerpos legislativos y propuso que se haga obligatorio que las personas convictas por posesión de marihuana estén obligados a acudir a programas de rehabilitación. “Nuestra preocupación es que va a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos”, dijo.

En su turno, la doctora Albizu expuso que ninguna sociedad civilizada utiliza la cárcel para tratar a problemas como el de la adicción a la marihuana y que muchas de las personas que son enviadas a tratamientos no tienen que ser tratados de esa forma. También trajo a colación el componente histórico por el cual se criminalizaron las drogas.

“Es importante preguntarnos porque se criminalizan estas drogas. No fue por peligrosidad… Pero ya hemos normalizado la construcción de que si una cosa esta prohibida es porque tiene que ser peligrosa”, expresó

Vargas Vidot, quien envió su ponencia por vídeo, señaló que apoya la legalización y coincidió con Albizu de que hay muchos mitos alrededor de la marihuana. Agregó que esta droga no ha podido ser responsabilizada por muertes como el alcohol y la heroína.

El padre Pérez indico que se opone al proyecto presentado ante la legislatura por el efecto devastador que puede tener en la sociedad. El religioso indicó que el enfoque punitivo no es bueno y coincidió con el director de Hogar Crea en el sentido de que los programas de rehabilitación sean mandatorios. “El hombre no se rehabilita teniendo miedo al castigo, sino descubriendo la belleza del bien que apela a la libertad”, dijo.

El cierre estuvo a cargo de Gutiérrez, quien expuso que la pregunta que hay que hacerse es si las “fracasadas” políticas que criminalizan las sustancias son la mejor alternativa para controlar la violencia y para crear las condiciones necesarias para que los salubristas hagan su trabajo.

“Lo que sí debemos discutir es si meter gente presa por ejercer su derecho a consumir lo que ellos escojan, es una política adecuada o no. Igualmente obligado, es preguntarnos si el botar miles de millones de dólares encarcelando a ciudadanos por vender o facilitar los productos que unos adultos consintientes quieren comprar, es realmente adecuado”, acotó.