Publicado el 30 de marzo de 2017 | El Vocero
El 87% de las 122 organizaciones sin fines de lucro afiliadas a Fondos Unidos sufrió una merma en sus ingresos, destacó ayer el presidente de esa organización, Samuel González Cardona, en una ponencia presentada ante la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias en el Senado.
González Cardona informó además que la encuesta realizada por Fondos Unidos reveló que el 40% de las organizaciones afiliadas cuenta con un presupuesto que proviene de asignaciones estatales. Subrayó además, en declaraciones escritas, que el 62% registra atraso o morosidad en los pagos del gobierno.
Expuso que muchas de estas organizaciones han tenido que comenzar a usar sus líneas de crédito, reducir sus gastos administrativos y hasta limitar o cerrar los programas y servicios que ofrecen a la ciudadanía.
“Mientras el sector sin fines de lucro se achica, la necesidad de prestación de servicios va en aumento y la crisis económica incide en un aumento de violencia comunitaria, deserción escolar y aumento en uso de drogas y alcohol”, puntualizó González Cardona.
Para paliar la crisis que enfrentan estas organizaciones – y que se recrudecerá con la ley que permite al Ejecutivo reasignar fondos destinados en gran parte a muchas de estas organizaciones – González Cardona propuso reforzar la legislación que obliga al gobierno a pagarles a tiempo.
Esta comisión, que preside el senador independiente José Vargas Vidot -quien ha hecho múltiples reclamos por organizaciones como la que él fundó, Iniciativa Comunitaria – investiga los problemas y amenazas que afectan a las comunidades más desventajadas.
A la vista de ayer en el Senado compareció también Fundación Comunitaria de Puerto Rico, cuyos representantes hablaron de la oportunidad de desarrollo económico que puede representar la inversión comunitaria.
Nelson Colón Tarrats, presidente ejecutivo de la fundación, propuso al gobierno ayudar en la creación del programa de Generación de Empresas y Empleos Comunitarios que, según dijo, ayudaría a crear sobre 600 empleos con base comunitaria. Propuso que el gobierno aporte en esto mediante, entre otras cosas, un impuesto de medio centavo por cada dólar que ganen las corporaciones.
“De igual manera se podrá presentar un proyecto de ley que provea un 100% de deducción contributiva de los intereses devengados por aquellos inversionistas que inviertan en fondos de inversión de impacto, por ejemplo, el Fondo de Inversión Comunitaria”, dijo y recomendó también la creación de “alianzas público-comunitarias”.
Esperan por la junta
Reconoció que las legislaciones propuestas deberán pasar el crisol de la Junta Federal de Control Fiscal.
“Las organizaciones de economía comunitaria tienen un potencial extraordinario para activar el 60% del mercado laboral que está inactivo”, precisó. “Queda de parte del gobierno mostrar la voluntad y capacidad de riesgo para adentrarse en territorios inexplorados”.
