Publicado el 30 de junio de 2017 | El Nuevo Día
Por Keila López Alicea

Organizaciones sin fines de lucro temen que cambios en el presupuesto representen más recortes para los servicios que ofrecen

La asignación de más de $18 millones en donativos legislativos a entidades públicas y privadas se ha convertido en eje de la discordia entre la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Pero para decenas de organizaciones sin fines de lucro, estos son ingresos cruciales en momentos en que han visto cómo las donaciones que reciben se reducen año tras año mientras la necesidad por sus servicios no da tregua.

La preocupación de las entidades agrupadas en el Movimiento Una Sola Voz creció luego que la JSF señalara en una misiva a la Legislatura que en el presupuesto existe una partida de $25 millones de “gastos no autorizados” en asignaciones a fundaciones, asociaciones, museos, coros y grupos deportivos, entre otros.

En total, la Legislatura evalúa distribuir $18,684,983 en donativos legislativos a casi 600 entidades sociales, educativas, deportivas y salubristas, entre otros fines. El año pasado, los donativos ascendieron a unos $21 millones.

La cifra representa menos del 1% del presupuesto del país, argumentó la directora del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Ivonne Bernard. No obstante, el impacto que tienen los servicios que se ofrecen a la ciudadanía es mucho mayor que el que podría dar el Gobierno con la misma suma, recordó la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, Yorelys Rivera.

En el caso del Banco de Alimentos, la entidad le provee comestibles a 130 organizaciones sin fines de lucro e impacta a 123 mil personas. Este año, enfrentarían un recorte del 68% de los ingresos que recibe de la Legislatura; su asignación se reduce de $50,000 a $16,000.

Sustituir los donativos legislativos con otras fuentes de ingresos sería complicado para las organizaciones sin fines de lucro, pues cada vez reciben menos donaciones de individuos o empresas debido a la emigración y la crisis económica, argumentó la directora del Banco de Alimentos.

“Sabemos que venían recortes. El detalle es identificar qué es importante. Nos seguimos sacrificando, pero cada vez que recortas en el sector (sin fines de lucro) vas a aumentar el gasto del gobierno. Un paciente que no es atendido adecuadamente en la clínica para pacientes VIH (de Iniciativa Comunitaria) termina en una sala de emergencias, donde el tratamiento cuesta más”, expresó Rivera.

En el caso de Iniciativa Comunitaria -entidad fundada por el ahora senador independiente José Vargas Vidot- el próximo año fiscal recibirían $45,500, lo que representa un recorte de $19,000 en comparación a lo que recibieron en el actual año fiscal. Además de la clínica para pacientes diagnosticados con VIH, los donativos legislativos se usan para el proyecto Promotores de la Salud, que impacta a residentes de las comunidades del caño Martín Peña, en San Juan.

Los recortes continúan para varias entidades que dan servicios directos a la ciudadanía: la asignación para la Fundación de Niños San Jorge se reduce de $70,000 a $4,800, la de Taller Salud va de $65,000 este año a $4,000 el próximo y el recorte de la YMCA de San Juan es de la mitad de su asignación actual, detalló Bernard. La mayor cantidad asignada por la Legislatura en la resolución asciende a $400,000, monto que recibirían tres entidades.

Estas cifras no incluyen otra partida de fondos que la Legislatura reparte a entidades públicas y privadas, a través de lo que se conoce como la resolución de asignaciones especiales. Bernard indicó que aún se desconocen los cambios dado que parte del dinero fue asignado a agencias gubernamentales, las cuales posteriormente lo repartirán a las organizaciones.

“Estas acciones no son cónsonas con las expresiones que ha hecho el gobierno, cuando aseguran que ven a las organizaciones sin fines de lucro como un partner”, manifestó Rivera.

Tanto en la campaña como en sus primeros meses de administración, el gobernador Ricardo Rosselló ha destacado su compromiso con el tercer sector. Además, ha impulsado la creación del Centro de Oportunidades Federales como herramienta para que estas entidades tengan acceso o puedan competir por fondos federales.

Sin embargo, la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria explicó que depender de fondos federales es “una apuesta” pues no hay garantías de obtener fondos competitivos, mientras que existen subvenciones que requieren que la entidad tenga la misma cantidad de dinero en su cuenta de banco para ser otorgadas mediante lo que se conoce como pareo.

Miembros del Movimiento Una Sola Voz se reunieron con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José B. Carrión, a mediados de abril. En el encuentro le presentaron datos sobre la labor que realizan esas entidades en la isla, los estudios que evidencian cómo obtienen un mejor rendimiento por inversión que el gobierno y el impacto que tienen los constantes recortes en asignaciones que han recibido en los últimos años, señaló Bernard.

Más allá de los recortes, la preocupación de las portavoces del Movimiento Una Sola Voz es qué sucederá si alguna de las más de 125 entidades que agrupan deja de dar servicios.

“La pregunta al final del día es, ¿qué va a hacer el gobierno si nos resta a nosotros y nos elimina las partidas? ¿Ellos van a dar estos servicios? ¿Cómo los van a dar si por cada dólar que recibe una organización sin fines de lucro, al gobierno le costaría $7 dar el mismo servicio, $20 si es en educación? Así que el presupuesto tendrían que multiplicarlos por siete”, sostuvo Bernard.