Pubilcado el 30 de mayo de 2017 | El Nuevo Dia
Por Gabriela Saker Jiménez

Los programas de ayuda de Assmca se nutren en su totalidad de fondos federales

De cada 10 personas que sufren los embates de la drogadicción en Puerto Rico, solo tres reciben los servicios que necesitan para reinsertarse a la sociedad. La escasez de programas, de centros de rehabilitación y, sobre todo, de interés gubernamental son los factores que inciden, incluso, cuando el 11.5% de la población padece de algún desorden relacionado con el uso de sustancias controladas, lo que equivale a 400 mil personas.

Aun con lo desalentadores que pueden resultar los datos, reconocidos por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), el gobierno de Puerto Rico ha carecido históricamente de un plan nacional de reinserción social, aseguró el senador José Vargas Vidot, fundador y exdirector ejecutivo de Iniciativa Comunitaria.

“Este es el resultado de un largo historial de negligencia gubernamental e institucional, que dejó a un lado la problemática de la adicción que ya es una epidemia, es un asunto de alta prioridad”, sostuvo el senador.

El tema volvió a resurgir a raíz de una investigación legislativa que busca resolver el enigma de la alegada exportación a Estados Unidos de personas sin hogar que padecen de drogadicción sin brindarles el debido seguimiento riguroso y sensible.

La discusión del tema logró cavar un hoyo más profundo sobre la situación de la indigencia y de la drogadicción en el país.

Para empezar, de acuerdo con Mirna González Dávila, directora del proyecto Cooperative Agreements to Benefit Homeless Individuals (CABHI), adscrito a Assmca, el conteo de personas sin hogar está viciado.

“Hay alcaldes que no han querido colaborar con el conteo de personas sin hogar. Nos indican que no hay personas sin hogar en su municipio. Es un conteo a ciegas”, declaró.

Además, el perfil de la población sin hogar es complejo. De acuerdo con la agente Gloribel Doval Fernández, directora del programa de “Vuelta a la Vida”, adscrito a la Policía de Puerto Rico, la deambulancia tiene su génesis en la desintegración familiar, la dificultad para establecer vínculos sociales, la falta de empleo, los problemas de adicción a sustancias controladas, entre otros factores.

El programa que dirige -tocado por la controversia que ahora es objeto de investigación- busca rescatar personas sin hogar, con especial interés en aquellos que tienen problemas de adicción, para conducirlos a programas de desintoxicación en colaboración con entidades gubernamentales y privadas.

Sin embargo, la iniciativa que nació en el 2003 en Carolina y que se ha expandido a través de los años por las trece áreas policíacas, carece de presupuesto. No hay una partida específica asignada a los 40 agentes que acuden a las calles de Puerto Rico a orientar a las personas que vagan los semáforos, los puentes, los hospitalillos.

“No hay suficientes recursos ni de desintoxicación ni hogares de rehabilitación. Si fuéramos a ingresar a todos los adictos, no habría suficientes recursos”, sostuvo la agente Doval.

Mientras tanto, como parte de Assmca -“de las pocas agencias de gobierno con división especializada para brindar servicios a personas sin hogar”-, el programa que dirige González Dávila, CABHI, provee servicios de recuperación y tratamiento a indigentes con enfermedad mental severa, trastornos por uso de sustancias o trastornos concurrentes,

Como resultado de una competencia federal, recibe $3 millones anuales por un período no mayor de tres años, a través de Projects for Assistante in Transition from Homelessness. Por otro lado, para atender la indigencia, establece programas de vivienda transitoria y permanente a través de dos sistemas de cuidado continuo valorados en $13 millones y $5 millones respectivamente, provenientes del programa de Vivienda Federal.

“Tenemos que establecer cuánta importancia le da el gobierno local a este problema y si guarda relación con la dificultad que enfrentamos. Si todos son fondos federales, hace tiempo no estamos poniéndole localmente el interés”, sostuvo Vargas Vidot.

Según listados de la oficina de licenciamiento de Assmca, 69 centros privados brindan servicios en Puerto Rico, adicionales a los 55 centros de desintoxicación con los que cuenta Hogar CREA. En el caso de este último, por ejemplo, el año pasado donaron 1,600 détox, equivalente a $3.6 millones. Junto a organizaciones sin fines de lucro como Teen Challenge o Iniciativa Comunitaria, suplen aquellas necesidades que el gobierno ha dejado desatendidas.