Publicado el 31 de mayo de 2017 | El Nuevo Dia
Por Gabriela Saker Jiménez
Representantes del programa de la Policía “De vuelta a la vida” y de ASSMCA se distanciaron de la práctica
La dirección del programa adscrito a la Policía de Puerto Rico “De vuelta a la vida” —que orienta a personas sin hogar, en especial a aquellos con problemas de adicción a sustancias controladas—, se distanció ayer de la práctica de exportar indigentes que puso al programa en el ojo de la controversia hace tres años.
En el 2014, un reportaje radial realizado en Chicago reveló que un creciente número de personas sin hogar que vagaban en las calles de esa ciudad habían sido enviadas por entidades gubernamentales o privadas de Puerto Rico a centros de recuperación en otras jurisdicciones de Estados Unidos que no contaban con el debido licenciamiento y donde los despojaban de sus documentos de identidad, y sufrían abusos, falta de servicios y, por último, el abandono.
Según el senador Carmelo Ríos, autor de la Resolución del Senado 95 que ordena investigar los programas de rehabilitación de Estados Unidos utilizados por el gobierno de Puerto Rico para enviar a personas adictas a sustancias controladas, los testimonios de varios participantes revelaron que muchos habían sido alentados por los agentes de “De vuelta a la vida” para subirse al avión.
Sin embargo, la directora del programa, la agente Gloribel Doval, aclaró en vista pública que, solo en caso de que un indigente con drogadicción pidiera voluntariamente trasladarse a un aeropuerto luego de haber coordinado el viaje por su cuenta, el programa le facilitaba los servicios de transportación. Pero, aseguró que “la iniciativa” que dirige no fomenta el traslado de personas a otras jurisdicciones.
Por su parte, la coordinadora del programa CABHI de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Mirna González, también se manifestó en contra de que se incentive la emigración de deambulantes adictos, por considerar que la mejor forma para que se reinserten en la sociedad es en su mismo entorno.
Por tanto, en la primera vista pública llevada a cabo hoy por la Comisión senatorial de Bienestar Social y Asuntos de Familia, todavía ninguna entidad ha asumido responsabilidad por el cuadro que alegadamente se ha repetido en Chicago, Filadelfia y Florida. El senador Ríos advirtió que un grupo de legisladores hispanos de Estados Unidos visitará Puerto Rico en los próximos meses para indagar sobre la situación.
Buscar la raíz del problema
Por su parte, el senador José Vargas Vidot, fundador y ex director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria, resaltó que, con esta investigación, se abre “una caja de Pandora” que deja en evidencia la falta de interés y de sensibilidad con que el gobierno de Puerto Rico ha tratado la “epidemia” de la drogadicción.
Alertó que la falta de suficientes centros de desintoxicación y la escasez de servicios para atender a toda la población que los necesita —“por la dejadez del Estado”—, podría justificar que se busquen alternativas fuera del país, por lo que juzgó necesario escudriñar la raíz del asunto.
De acuerdo al director de desarrollo económico de Hogar CREA, Carlos Pagán, el problema no yace en la búsqueda de servicios esenciales fuera del país, sino en la ejecución y en la falta de seguimiento, dado que no se supervisa el progreso del paciente en su proceso de rehabilitación ni se corrobora que el centro al que acceda tenga el licenciamiento adecuado para velar por sus derechos.
En cuanto a “De vuelta a la vida”, la presidencia de Hogar CREA recomendó que el programa continúe vigente y que se le asignen los fondos necesarios para su gestión. Actualmente, operan con el mismo presupuesto de la Policía sin una partida separada para fortalecer su labor.
Además, sugirió que se mantenga un banco de recursos de los programas existentes fuera de Puerto Rico que incluya las credenciales estatales compatibles a estándares federales.
Por su parte, el director de Teen Challenge, Ángel Roque Torres —organización que también ofrece servicios de rehabilitación a personas sin hogar—, aseguró que no refieren participantes a Estados Unidos porque apuestan por su programa, diseñado y supervisado por un equipo multidisciplinario, con acuerdos colaborativos vigentes con entidades públicas y privadas del patio.