Alianza de personas en recuperación organizó un conversatorio para abogar por sus derechos y ofrecer recomendaciones para mejorar los servicios para esta población.
Limitado acceso a tratamiento, malas condiciones de las instalaciones que brindan servicios, poca sensibilidad del personal, servicios fragmentados, muchos requisitos de admisión y la ausencia de opciones de tratamiento para la población transgénero y transexual son algunos de los retos que encaran las personas que buscan ayuda para lidiar con su adicción a drogas. Estos aspectos fueron discutidos por un grupo de personas en recuperación en un conversatorio con la senadora Rossana López León y el doctor Víctor Toraño, asesor de ASSMCA en el programa PITIRRE de Iniciativa Comunitaria, Inc. (ICI).
El conversatorio fue el primer esfuerzo del grupo de participantes de PITIRRE el cual creó una Alianza de Participantes en Procesos de Recuperación por Trastornos por Uso de Sustancias. “Nuestro propósito es dar voz a aquellos que viven día a día con el discrimen y el estigma”, informó José A. Torres, miembro de la alianza. Este grupo de personas se encuentra en procesos de recuperación de forma activa y han logrado reintegrarse de manera exitosa a la comunidad.
Durante el conversatorio, los participantes narraron sus experiencias buscando servicios. Tal es el caso de uno de ellos a quien le fue denegado el tratamiento ante la excusa de que es una persona que padece de epilepsia. Otro de los participantes tuvo que esperar dos días en la camilla de un hospital sin recibir atención médica por ser consumidora de drogas. Sin embargo, ellos encontraron en el programa PITIRRE una alternativa para encaminar su tratamiento.
“Hoy es un día importante para los participantes de la alianza porque le dan voz y visibilidad a las personas con trastornos por uso de sustancias del país. Ellos se apoderan para velar por sus derechos y promover política pública que permita mayor acceso a tratamiento”, expresó el doctor Juan Nazario director del programa PITIRRE y moderador del conversatorio.
Por su parte, la senadora López León fue enfática en mencionar que uno de los mayores obstáculos en el ofrecimiento de servicios son las compañías aseguradoras. “El mejor sistema es sacar a las aseguradoras del medio, porque no hemos visto frutos positivos”, indicó.
A su vez, exhortó a la alianza de participantes a que desarrollen legislación para que se establezcan otros programas con los mismos servicios que ofrece PITIRRE. Este programa es una clínica especializada en el tratamiento para personas con uso problemático de drogas y sus familiares, que integra modelos basados en evidencia, servicios psicosociales, médicos y complementarios. Ofrece sus servicios libre de costo desde hace seis años en el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau en Bayamón.
Puerto Rico, históricamente, ha carecido de opciones de programas especializados para manejar el problema de uso de sustancias. Actualmente, solo tres de cada diez personas que requieren servicios basados en evidencia los reciben según un estudio publicado en diciembre de 2016 por la Universidad de Puerto Rico y comisionado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
PITIRRE busca atender esta gran necesidad ofreciendo una oportunidad de tratamiento con gran efectividad. Según las estadísticas del programa, el 53% de sus participantes logran periodos sostenidos de abstinencia de consumo de sustancias. También destacan que el 91% de los participantes que ha presentado conductas de delinquir como consecuencia de su enfermedad, no vuelven a mostrar estas conductas una vez comienzan tratamiento en el programa.
Como parte del evento, los participantes presentaron un documento simbólico firmado por ellos en el cual exponen sus derechos, lo importante de invertir en tratamiento y la necesidad de educar sobre la enfermedad. A su vez, solicitaron que el gobierno acoja como prioridad la prevención, la intervención clínica, el acceso a tratamiento y la reinserción. Al finalizar, los participantes se pusieron a la disposición del gobierno para apoyar y proveer asesoría desde la visión de aquellos que sufren la enfermedad de la adicción a drogas.