Publicado el 21 de febrero de 2019 | El Vocero
Por Ayeza Díaz Rolón

Sicólogos que las practican y grupos de fe insisten en que el proyecto que las prohibe atiende un problema “que no es real”

La ausencia de datos numéricos y categóricos que puedan ilustrar cómo se manifiesta el fenómeno de las llamadas terapias de conversión en Puerto Rico dificulta la manera en que el gobierno puede impulsar cambios en su política pública para atajar esta práctica no avalada por la ciencia.

Esa es precisamente una de las razones que aluden las organizaciones con base de fe y los psicólogos que realizan esta práctica, para no reconocer que se trata de un problema real para la sociedad puertorriqueña. De hecho, los expertos en derecho y algunos legisladores entrevistados por EL VOCERO reconocieron que la poca información que trasciende sobre esta práctica en la Isla—también conocida como “terapias reparativas”— es de base anecdótica.

Luis Valentín, director ejecutivo del Consejo Asesor en Asuntos Lgbtt de La Fortaleza, explicó que la prohibición de las terapias de conversión forma parte del plan de gobierno de la administración Rosselló. “Antes era un poquito más evidente que se hicieran estas terapias e, incluso, existían campamentos que iban dirigidos a ese proceso y se expresaba de manera abierta que eran para eso. Con los años y la obtención de mayores derechos para la comunidad Lgbtt (lesbianas, gay, bisexual, transgénero y transexual) pues estas terapias se han quedado debajo del radar. No obstante siguen existiendo y se dan de diferentes formas y por diferentes profesionales de la salud”, dijo.

El funcionario descartó que existan datos que puedan documentar, por ejemplo, sobre los pueblos en los que más se incurre en esta práctica. “Ocurre más en los pueblos del centro. Más quizás… (que) en el área metro, pero en efecto no hay unas estadísticas exactas y precisas sobre estos temas, por el miedo a presentar querellas, ser estigmatizados, perseguidos o discriminados, pues las personas (de la comunidad Lgbtt) optan por no presentar este tipo de quejas”, dijo.

El silencio de los menores

Atribuyó también la falta de datos sobre las terapias de conversión en la Isla a que “muchas de estas terapias (se realizan a) menores de edad y ellos claramente no tienen los recursos, el conocimiento o la habilidad de recurrir a alguien y expresar que quizás sus papás los hicieron pasar por ese proceso o que un psicólogo trató de intervenir”. Señaló que hay una baja en datos, no solo relacionados a las terapias, sino también a los demográficos en general de la comunidad Lgbtt.

El portavoz de Puerto Rico por la Familia, César Vázquez Muñiz, señaló a EL VOCERO que “nadie puede definir lo que es una terapia reparativa y que nadie pudo mostrar gente que hubiese sido afectada por terapias reparativas. Nadie puede decir quién está realizando terapias reparativas”.

Sobre libertad religiosa

“¿A usted le hace pensar que el problema no es real por la poca información que ha salido sobre las terapias?, preguntó EL VOCERO a Vázquez Muñiz, quien respondió que “tienen que demostrar que el problema existe… Las únicas referencias concretas que se hacen son de consejería cristiana y de oración. De momento se están metiendo con la libertad de religión”.

Igualmente, la portavoz del colectivo Alerta Puerto Rico, Tamoa Vivas, opinó que desde la perspectiva de los padres es preocupante que estos “no puedan asignar a sus hijos en su sexo biológico”. Vivas criticó el proyecto del Senado 1000, que busca prohibir las terapias de conversión, por considerar que su lenguaje trata de que “no se promueva la heterosexualidad”.

Mencionó además la determinación de la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973 de eliminar la homosexualidad y el lesbianismo como categoría clínica, supuestamente sin investigaciones objetivas ni pruebas científicas, que en ese entonces eran escasas. “Para empezar, nunca se debe hacer un proyecto de ley si no hay un problema. No se sabe ni si lo hay, pero se hace una pieza que provoca gasto público y vistas públicas sin que exista ningún problema. También opino que para que el estado se meta en mi hogar me tiene que probar que soy una maltratante”, dijo.

Incidencia en EE.UU.

A diferencia de Puerto Rico, en Estados Unidos hay estudios, como el del Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que estiman que 698,000 adultos de entre 18 años y 59 años de la comunidad Lgbtt han sido sometidos a terapias de conversión. La cifra incluye 350,000 miembros de ese grupo que pasaron por la terapia cuando eran adolescentes.

El salubrista y senador independiente José Vargas Vidot, señaló que en su experiencia en Iniciativa Comunitaria recibió “cantidad de personas que fueron víctimas de un tipo de intervención de esa naturaleza y donde se cualificaba la orientación sexual como si fuera una enfermedad y una patología”.

Advierte del trauma

Vargas Vidot, quien figura entre los autores del proyecto, dijo a EL VOCERO que “el peligro es la cantidad de personas que desarrollan un nuevo título que les faculta dentro de la separación iglesia estado a que —a nombre de lo espiritual— estén articulando una terapia que hace el mismo efecto que la que se condena en la psicología verdadera. El efecto de crear un trauma o una herida en la personalidad”.

El senador sugirió la creación de un observatorio para atender los asuntos de la comunidad Lgbtt y recopilar datos sobre esa población en la Isla. “En el observatorio no se observa solamente el dato empírico, sino que se busca conocer la etiología del mismo, se establecen tendencias, zonas de riesgo, zonas de alta incidencia y prevalencia”, dijo.

Incompleto el Censo

Demógrafos consultados por EL VOCERO coincidieron en que los datos sobre esa población son limitados y que en ocasiones se limitan al asunto matrimonial. Por ejemplo, la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo de Estados Unidos, provee estadísticas de 2017 en Puerto Rico de mujeres casadas con mujeres y hombres casados con hombres. No detalla ningún otro tipo de información, a pesar de que es una de las fuentes de información que nutre al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

También está el estudio Proyecto Homofobia, de la Comisión de Derechos Civiles, que recopila la situación de los derechos fundamentales de las personas Lgbtt. Menciona además que son muy pocas las querellas que llegan a la comisión, que permitan identificar situaciones de exclusión y discrimen por orientación sexual.